El pasado lunes 3 de febrero los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos firmaron dos acuerdos clave relacionados a la megacárcel construida por Nayib Bukele y a energía nuclear.
La firma ocurrió durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al país centroamericano.
El primer acuerdo se relaciona con la oferta de Bukele a Estados Unidos para externalizar parte de su sistema penitenciario.
El anuncio del mandatario se produjo a través de su cuenta de X, quien sostuvo que su país está dispuesto a recibir convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses, en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT).
A cambio de recibir a los presidiarios, El Salvador recibiría una compensación económica que, según Bukele, ayudaría a sostener el sistema penitenciario nacional.
Según lo informado, el CECOT alberga actualmente a más de 20.000 pandilleros de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, con capacidad para hasta 40.000 reclusos.
Sin embargo, de momento el gobierno salvadoreño no ha detallado cuántos espacios están disponibles ni cómo planea reforzar la seguridad ante la posible llegada de criminales extranjeros.
En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se encuentran estudiando la posibilidad de enviar “los casos más graves” de delincuentes a pasar una temporada en la prisión salvadoreña.
Energía nuclear
El segundo acuerdo, denominado Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil Estratégica (NCMOU, por sus siglas en inglés), busca impulsar el desarrollo de la energía nuclear en El Salvador.
De acuerdo con lo informado por Rubio, este pacto permitirá que el país se convierta en un referente tecnológico y energético en la región.
Por su parte, la canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, destacó que esta iniciativa forma parte de la estrategia de Bukele para garantizar energía constante y a precios competitivos, sin depender de factores geopolíticos o del petróleo.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos continúan denunciando presuntas violaciones bajo el régimen de excepción implementado por Bukele en 2022.
