El Juzgado de Garantía de Temuco decretó la medida de arraigo nacional para 17 carabineros y una persona particular, quienes fueron acusados como autores de fraude al fisco. Según consta en la acusación, los ilícitos se habrían materializado entre 2013 y 2015, con un total de $317.091.803.
La medida fue adoptada luego que el tribunal diera seis meses para la investigación. Además, se dejó con medidas cautelares a la educadora de párvulo imputada junto a los 17 funcionarios policiales.
El 14 de noviembre se resolverán las acusaciones en contra de Carlos Molina Herrera, Carolina Cárdenas Mutel, Pamela Moya Soto y Rocío Soza Jara.
Los carabineros imputados son Constanza Díaz Sierpe, Jasmín López Baeza, Cynthia Carrasco Muñoz, Eleticia Morales Martínez, Claudia Contreras Nahuelán, Karem Standen Manríquez, Katherinne Álvarez Villarroel, Ana Zurita Ramírez, Evelyn Roa Hernández, Roxana Mancilla Fernández, Fernando Vásquez Zapata, Caren Quiñenao Nicolás, Francisca Sánchez Díaz, Nicole Faúndez Salfate, María Valdebenito Umanzor, Ximena Sepúlveda Angulo y Rachel Vidal Burgos.
El móvil de los delitos, según estableció el persecutor, consistió en que los uniformados se pusieron de acuerdo con los dueños de la sala cuna Jugando Aprendo, Karin Gutiérrez y Carlos Molina, junto a la directora del recinto, Rocío Soza, quienes matriculaban con el convenio que existía con Carabineros.
La situación ilegal se producía porque los menores no iban al jardín, sin embargo, conseguían listas de asistencia falsas, para quedarse con el 50% del subsidio estatal y el prestador ganaba el 50% que quedaba. CHH
