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La agrupación que reúne a personas afectadas por hechos de violencia en la Macrozona Sur, “Primero las Víctimas”, solicitará exponer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante el próximo período de audiencias.
Conforme a lo señalado por El Mercurio, esta agrupación espera presentar tres testimonios de personas que han sido afectadas por diferentes hechos de violencia, ya sea como familiares o ser directamente el perjudicado.
El primer testimonio sería del transportista Mauro Aguilar de 23 años, quien sobrevivió a un impacto de bala en el rostro cuando circulaba por Lumaco en enero de este año. A pesar de la gravedad de sus heridas, consiguió conducir hasta un Cesfam luego del ataque.
Otro es el caso de Ingrid Manríquez, la madre del vigilante forestal Benjamín Bustos de 23 años, quien fue asesinado por desconocidos, cuando se desempeñaba en un predio forestal en Carahue previniendo incendios forestales. Instancia en que también falleció su colega de 30 años, Alejandro Carrasco.
El tercer relato es de Dahiana Pereira, viuda del suboficial mayor Eugenio Naín Caniumil, carabinero que falleció en octubre del 2020, luego de ser atacado a un costado de la Ruta 5 Sur cuando llegó a un procedimiento por barricadas en el camino.
«Nuestro dolor ha sido ignorado por el mundo de los derechos humanos a nivel internacional. Se desconoce la enorme cantidad de atentados, el número de personas comunes que han sido violentadas, torturadas, asesinadas, también se olvidan sus nombres», denunció la agrupación de víctimas.
Asimismo, señalaron en una declaración pública recogida por El Mercurio que el objetivo «es que nuestra historia se conozca y se tomen medidas para que esto termine«.
«Vivimos con miedo, nos queman nuestros hogares, familias completas han sido desplazadas de sus lugares de residencia, han matado a nuestros padres, hijos y familias, hemos sufrido atentados directamente contra nuestros medios de sustento”, argumentan en el comunicado.
En esa misma línea, acusan que “el Estado chileno ha sido pasivo, no ha utilizado todas las herramientas que la ley le otorga para garantizar la protección de la población, no ha existido una voluntad de repararnos y prestar, al menos, apoyo psicológico para nuestros hijos e hijas”.
“Desde hace 25 años el sur de Chile ha sido testigo, protagonista y víctima de lo que primero se identificó como violencia rural, hoy devenido en actos terroristas», sentencia la agrupación. CHH
