El pasado viernes el Gobierno ingresó una serie de indicaciones para la ley corta de las isapres, que tiene como objetivo hacer cumplir el fallo que dictó la Corte Suprema hace casi un año sobre la tabla de factores. A la vez, busca que el sistema de salud privado pueda seguir en funcionamiento.
Sin embargo, este hecho no agradó a los involucrados, al doblar la deuda que mantiene el sistema privado con sus afiliados, llegando a rondar los UD$1.000 millones.
Desde la asociación de Clínicas de Chile aseguraron que “las indicaciones, más bien, solo pueden acelerar el colapso del sistema asegurador privado con un impacto muy negativo en los pacientes y en la operación de los prestadores privados”.
En esa línea, agregaron que “como Clínicas de Chile, esperamos que la discusión legislativa de las próximas semanas permita resolver de una vez la tremenda incertidumbre que hemos debido enfrentar, y que ha frenado el desarrollo del sector y postergado las soluciones surgentes a los problemas de salud que tienen las personas”.
Asimismo, el gremio lamentó que “no se acogieran planteamientos fundamentales del Comité Técnico de Expertos, cuya composición era de amplia presentación, y que buscaba establecer bases que permitieran la sostenibilidad del sistema en el corto plazo”.
Por su parte, este lunes las isapres también se manifestaron sobre el tema, asegurando que «no tenemos certeza si esta estrategia va a lograr el propósito de mantener el equilibrio financiero de la industria, y de esa forma mantener las coberturas de las personas y poder cumplir los fallos de la Corte». CHH
