Durante esta semana, el fiscal nacional, Ángel Valencia, instruyó que los persecutores de todo el país aplicaran el “criterio Valencia”, el cual consiste en utilizar la medida de prisión preventiva para los indocumentados que sean detenidos.
Tras este anuncio, el Consejo y Directorio de la Asociación Nacional de Fiscales solicitó suspender esta iniciativa. “Sabemos que para el enrolamiento de imputados el Registro Civil cuenta con una sección que se encuentra radicada sólo en la Región Metropolitana”, señalaron en un oficio.
“Actualmente, este trámite puede demorar entre 2 y 3 meses, plazo que, muchas veces, es el que los tribunales fijan como plazo de investigación, particularmente en casos de menor complejidad”, explicaron.
Asimismo, el presidente de la Asociación, Francisco Bravo, aseguró que esta medida está sujeta al apoyo técnico y operativo desde el Registro Civil. “Los esfuerzos debieran de estar más bien dirigidos a instar por la mejora de los procesos de enrolamiento (procedimiento de tramitación y recursos disponibles), que en someter el proceso penal a las carencias del mismo”, indicó a Biobío Chile.
Desde el gremio indican que es razonable solicitar “que se precise el alcance del referido oficio a casos, tales como, la detención de adultos mayores, embarazadas o personas con capacidades diferentes o con situaciones médicas delicadas y, en especial, la situación de niños, niñas y adolescentes”.
Lo anterior, considerando “los casos que -conforme al artículo 32 de la Ley 20.084– no pueden ser sometidos a internación provisoria, salvo delitos que merezcan pena de crimen”. “Si tal medida no admite excepción alguna en casos de delitos con penas de multa o cuyas penas -en abstracto- sean propias de la aplicación de un procedimiento simplificado; lo que conocemos como delitos bagatelarios (de poco valor)”.
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