Tras siete años de tramitación, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que busca terminar con las llamadas telefónicas indeseadas o “spam” con las que muchas empresas ofrecen insistentemente sus productos o servicios a las personas.
La normativa, que fue aprobada con 66 votos a favor, 22 en contra y 36 abstenciones, contempla que los clientes podrán solicitar a las compañías que no continúen utilizando sus datos personales “con fines de mercadotecnia”. Asimismo, el proyecto crea una Agencia de Protección de Datos Personales.
Para garantizar el cumplimiento de la medida se establecieron multas que podrían ir desde 330 a 1.320 millones de pesos, suma que podría triplicarse o modificarse por el 4% de los ingresos anuales de una empresa si la Agencia de Protección de Datos Personales determina que se trata de una conducta reincidente.
A pesar de lo anterior, el proyecto recibió críticas de algunos sectores. El diputado Andrés Longton (RN) sostuvo que las sanciones le parecen “absolutamente desproporcionadas”.
En el mismo sentido, el republicano Luis Fernando Sánchez indicó que la ley de las llamadas spam “es una cachetada de payaso, no se va a poder implementar, no se va a poder sancionar a nadie, todo va a caer en recursos de inaplicabilidad”.
Desde el Gobierno, la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, detalló que las multas “son disuasivas, en ningún caso son desproporcionadas, y van en la línea de lo que es el derecho comparado. Hemos aplicado en este proyecto el reglamento de la Unión Europea”. CHH
