Durante esta mañana se inició el Juicio Oral en contra del alcalde de la Municipalidad de Colina, Mario Olavarría, y otros tres acusados por fraude al fisco, en el marco del llamado “Caso Basura”.
De acuerdo a lo señalado por la Fiscalía Metropolitana Occidente, los hechos que se imputan en esta causa son dos y muy específicos, pues se trata de la prestación de servicios profesionales a honorarios por parte de dos imputados que, a su vez, eran funcionarios públicos en el Municipio de Cerro Navia, según en su momento detectó Contraloría General de la República.
Por estas situaciones, enfrentarán cargos el alcalde Mario Olavarría e Isabel Valenzuela Ahumada, quien en el periodo 2010-2015 ejerció como Directora de Desarrollo Comunal (Dideco) del mismo municipio y quien se desempeña actualmente como directora de la Corporación de Deportes de la municipalidad.
Otra de las acusadas es Marcela Morales Aliste, quien emitió boletas de honorarios por servicios de apoyo profesionales en la unidad de planificación de esa municipalidad, siendo al mismo tiempo secretaria de planificación de la comuna de Cerro Navia. A partir de febrero de 2014, la imputada asumió como administradora municipal, cargo con exclusividad, sin embargo hasta junio de ese año mantuvo honorarios en Colina.
En tanto, el cuarto imputado es el asistente social César Vidal, el que siendo Director de Desarrollo Comunitario de la comuna de Cerro Navia, entre los años 2013 y 2015, emitió boletas de servicios como “apoyo profesional a Dideco” de Colina.
La Fiscalía sostiene en la acusación fiscal que tanto el alcalde Olavarría como la jefe Dideco Isabel Valenzuela tienen responsabilidad en el pago injustificado realizado a ambos profesionales imputados, provocando un perjuicio al municipio por la suma de $83.222.202.
En el caso de Marcela Morales el perjuicio es de $ 48.555.546 y de Cesar Vidal $34.666.656.
Argumentos en el Juicio Oral
Durante el desarrollo del juicio, el Ministerio Público sostuvo que el Caso Basura se desarrolló como «un fenómeno silencioso», en el que «no se cumple el decreto del Ministerio de Hacienda de trabajos por honorarios».
En la misma línea, el Consejo de Defensa del Estado aseguró que Mario Olavarría tiene conocimientos expertos y que se ha dedicado toda su vida a cargos públicos. Señalan que esta expertiz la habría puesto en función de realizar malversaciones. Asimismo, indicó que «Mario Olavarría tiene plena conciencia de las acciones realizadas».
Junto con esto, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado afirman que los trabajos de asesorías que fueron justificados con contratos de honorarios nunca fueron realizados. En este sentido, comentaron que «César Vidal y Marcela Morales» nunca realizaron trabajos para la comuna.
«Estamos en presencia de funcionarios públicos que abusan de sus cargos», afirmaron desde el Consejo de Defensa del Estado, destacando que «están dispuestos a vender su posición. No les importa la comuna. Usan su posición para beneficiar a aquellos que son cercanos».
Por su parte, la defensa de Valenzuela, Matías Balmaceda, señaló que «las pruebas entregadas han sido de mala calidad» y cuestionó la petición de 12 años de cárcel por parte de la fiscalía. Al respecto, afirmó que esto es un castigo para delitos como los homicidios.
Además, argumentó que «este Caso Basura ha sido perjudicial para mi representado».
En tanto, la defensa de Mario Olavarría, el abogado Jorge Bofill, indicó que el edil nunca ha sido perseguido ni condenado en los 19 años en que ha sido alcalde.
Lo solicitado por la fiscalía
Respecto de Olavarría y Valenzuela, la fiscalía solicita que sus conductas sean sancionadas con penas de 12 años de presidio mayor, 7 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y el pago de una multa equivalente al 10% del total defraudado, como autores de 9 delitos de fraude al fisco.
Además, respecto de la imputada Marcela Morales, el Ministerio Público solicitó la pena única de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autora de 6 delitos de fraude, la pena de multa del 10% del perjuicio total ocasionado y la pena de 7 años y un día de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargos y oficios públicos.
Finalmente, respecto de César Vidal, la acusación solicita la pena de 10 años y un día de presidio como autor de 3 delitos de fraude al fisco, la pena de 5 años y un día de inhabilitación. CHH
