Mediante la Procuraduría Fiscal de Antofagasta, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en contra de la representante legal de la Fundación Procultura.
Según señaló la entidad, la acción va dirigida hacia María Constanza Gómez, “sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder a otras personas y a la querellada por otros hechos y delitos, de acuerdo con los avances de la investigación penal”.
En concreto, los hechos habrían ocurrido al celebrarse cuatro convenios entre la fundación y la Seremi de Vivienda y Urbanismo y Serviu relacionados al Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta, y un quinto, correspondiente al Programa de Recuperación de Barrios.
En total se trató de 545 millones de pesos, los cuales fueron entregados a Procultura sin una evaluación rigurosa.
Sin embargo, la Seremi de Vivienda optó por finalizar los contratos de manera anticipada, al comprobar que no se estaban cumpliendo los plazos estipulados, además de una serie de irregularidades graves y/o reiteradas en la rendición de los fondos otorgados.
Sumado a lo anterior, se dio a conocer que las oficinas de la fundación habían sido arrendadas por un precio mucho mayor al del mercado y diversos errores contables.
En este sentido, el CDE sostuvo que “transcurrido el procedimiento de reclamaciones y habiendo sido notificada la Fundación Procultura, correspondía que la querellada María Constanza Gómez Cruz procediera materialmente al reintegro inmediato de los fondos liquidados, lo cual no ocurrió”. CHH
