El regimen de Nicolás Maduro se refirió a la decisión de Chile de presentar los antecedentes adquiridos tras el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, tildándolos como “una absurda farsa que el Gobierno de Chile pretende montar ante la Corte Penal Internacional (CPI)”.
Desde los organismos venezolanos afirmaron que la medida impulsada por Chile está “basada en mentiras y falsedades que solo existen en la imaginación de quienes han decidido hacer de la política exterior un espectáculo de mala calidad, siguiendo la línea política contra Venezuela del difunto Sebastián Piñera, al mejor estilo pinochetista de creación de operaciones de falsa bandera”.
Con respecto a la funcionalidad del organismo internacional y su uso por parte de Chile, el gobierno de Caracas detalló que: “Pretender llevar un caso aislado, alimentado de patrañas, no solo es jurídicamente insostenible, sino que revela una supina ignorancia sobre el funcionamiento del sistema internacional… Es evidente que las autoridades chilenas no tienen la menor idea de cómo operan estos mecanismos, o peor aún, que simplemente están dispuestas a deformarlos para alinearse con intereses ajenos a la justicia”.
La entrega de los documentos por parte de Chile
La carpeta penal fue entregada por parte del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, debido a las presuntas intenciones políticas tras el asesinato del exmilitar en suelo chileno.
Valencia detalló que los antecedentes son “más que contundentes”, afirmando que: “Tanto los investigadores de la CPI, que están trabajando en investigar los crímenes contra los derechos humanos que habrían cometido agentes del Estado venezolano, como el equipo de la Fiscalía de Chile y de la PDI, que está trabajando en el esclarecimiento del secuestro con homicidio del que fue víctima Ronald Ojeda, podrán trabajar en conjunto, compartir información y sacar adelante estas investigaciones”.
La delegación chilena que se encuentra actualmente en Países Bajos fue recibida por el presidente de la CPI, Tomoko Akane, y la vicepresidente, Rosario Salvatore.
