María Teresa González y Sonia Gaona, directora y educadora del centro colaborador del Sename «Alceste Piergiovanni» de la Región de O’Higgins, quedaron con arraigo nacional y firma mensual y quincenal respectivamente.
A ambas se les responsabiliza del fallecimiento de Rachel Contreras, una menor de 10 años que fue trasladada a un centro vacacional en Pichidangui en febrero de 2016, sin los resguardos necesarios que exigía su delicado estado de salud, producto de un complejo cuadro de lupus que padecía.
Mientras estaba con su cuidadora, sufrió una descompensación que no fue atendida hasta tres horas más tarde, lo que derivó en el fallecimiento de la menor en el Hospital de Los Vilos.
El fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien encabeza las investigaciones por muertes al interior de establecimientos vinculados al Sename, expresó que «pasamos de una etapa de investigación deformalizada, donde realizamos muchas diligencias para llegar a esta instancia y poder judicializar la causa».
«Ella (Rachel) requería determinados cuidados, requería una planificación para poder enfrentar situaciones de crisis», aseveró.
Respecto a los delitos formalizados, el persecutor detalló que «formalizamos investigación en contra de dos personas por cuasidelito de homicidio en el caso de Rachel y también por entrega y aportación de documentos falsos a un Juzgado de Familia».
La documentación falsa correspondería a un instructivo con la dosis y nombre del medicamento específico que había que suministrar a la menor, el cual fue elaborado con posterioridad a la muerte de la niña.
Las mujeres también quedaron con prohibición de acercarse a la familia de Rachel.
