Cerca de 800 funcionarios en ejercicio y retiro del Ejército serán formalizados por presunto fraude al fisco, según indicó el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien recopiló antecedentes que darían cuenta respecto al pago de deudas privadas de uniformados por un monto que supera los $2.900 millones.
Según consignó El Mercurio, la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) comprende los años 2007 y 2017, y se da posterior al cierre del Fondo de Ayuda Mutua.
“Hemos terminado recién a fines de noviembre las diligencias de registro e incautación. Estamos en el proceso de análisis de evidencia, pero ya podemos afirmar que existe un número cercano a las 800 personas que van a ser objeto de formalización, en distintos tiempos, por supuesto, y por distintos grados de responsabilidad en los meses que vienen”, aseguró Palma.
En particular lo que indaga la Fiscalía es que, a través de contrato de honorarios, pagos de sueldos a personal retirado y comisiones de servicio que no se realizaron, hubo un pago a modo de compensación por previas económicas individuales, donde se incluyen financiamientos de estudios, viajes, entre otros puntos.
Al respecto, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, sostuvo que “por supuesto, el Ministerio Público y los tribunales de justicia, deben establecer las responsabilidades, porque efectivamente acá, si la tesis es comprobable, estaríamos hablando de que una vez que este Fondo de Ayuda Mutua fracasó se estuvieron rellenando esos dineros que faltaban con los dineros de todos los chilenos, y eso sería absolutamente inaceptable”. CHH
