Inmobiliaria e Inversiones Chicureo, a cargo del proyecto Hacienda Guay Guay, se acogió a un procedimiento de reorganización de deudas, producto de un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR).
Según consignó El Mercurio, el dictamen de la CGR emitido en 2022 ha provocado numerosas dificultades para que la empresa lleve a cabo el proyecto en la comuna de Colina. En detalle, la iniciativa implica mil parcelas, cuyos terrenos fueron adquiridos en 2016.
De acuerdo a lo indicado por la compañía, lo anterior obedece a “cambios de criterios normativos en materia de permisología que, interpretados retroactivamente, han afectado la certeza jurídica y que aún no se resuelven después de cinco años, lo que ha traído como consecuencia múltiples dificultades para avanzar en el desarrollo de la iniciativa y poder cumplir con los compromisos adquiridos”.
Prohibición de construir en Áreas de Protección Ecológica
En específico, dicho dictamen estableció que las Áreas de Protección Ecológica (APE), definidas en instrumentos de planificación territorial (IPT), deben ser consideradas como áreas bajo protección oficial para efectos del ingreso al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de acuerdo con la ley Nº 19.300.
Por lo anterior, Inmobiliaria e Inversiones Chicureo ha cuestionado los criterios, argumentando que el dictamen es posterior a la compra de los terrenos, motivo que gatilló que la firma iniciara acciones en tribunales para revertir la determinación y edificar en la zona.
Del mismo modo, la empresa comentó al citado medio que, producto del dictamen, la municipalidad de Colina presentó una demanda de nulidad de derecho público en contra del Fisco de Chile.
Sin embargo, pese a los criterios modificados por la CGR, aún existen proyectos a la venta en el sector a precios considerablemente bajos (1.450 UF), los que son ofrecidos a través de redes sociales, generando inquietud tanto de potenciales compradores como de expertos en temas ambientales.
