Fotos: Chicureo Hoy
Tras la entrega de dos informes de la Contraloría General de la República sobre la Municipalidad de Colina, uno respecto a la compra del terreno destinado para la realización del Hospital Zona Norte y otro respecto a Corporación de Deportes, este viernes en el concejo municipal se decidió analizar la realización de una auditoría en la institución.
En conversación con Chicureo Hoy, el concejal Víctor Flores se refirió sobre el tema de la Corporación señalando que “hay que ver no solo lo que dice la ley, sino lo que la sociedad considera legítimo. Hoy día tenemos una sociedad que cuestiona todo”.
Lo anterior, debido al “error técnico y de forma” que se cometió cuando la alcaldesa Isabel Valenzuela hace el traspaso de la acción que tenía de la sociedad anónima del club de fútbol, la cual hizo con testigos que pertenecían a la Corporación.
Asimismo, puntualiza que el cuestionamiento que hace la Contraloría respecto a los recursos públicos utilizados en la sociedad anónima está correcto, ya que la Corporación de Deportes Colina, “funciona con la subvención municipal, entonces todas las ganancias que genere son recursos públicos y ahí está el problema, que siempre se consideró que eran recursos privados”.
Por su parte, la concejala Alejandra Lantadilla indicó que “el informe de la Contraloría nos pone diferentes temas bien profundos de cómo es que tenemos que seguir haciendo las cosas de aquí en adelante respecto de las corporaciones, porque es la jurisprudencia en las corporaciones municipales está cambiando hoy en día, por lo tanto, es un desafío”.
“En ningún momento estamos ninguneando el trabajo que hace la corporación, valoramos todo el deporte, las actividades y todo lo que se hacer para la comuna es muy bueno, pero sí hay muchas cosas que ordenar y que transparentar”, manifestó a Chicureo Hoy.
La concejala Lantadilla también detalló otra problemática que, de mejorar, podría ayudar al municipio. “Desde la comisión surgió la problemática que la actual dirección de control, que es la Contraloría chica en la municipalidad, tiene muy pocos funcionarios municipales, por lo tanto las auditorías internas no se hacen todos los años y para eso tenemos dos opciones: contratar más personal que esté dentro de la dirección de control o contratar auditorías externas para que desarrollen el trabajo”.
En tanto, la concejala Catalina Lillo, siguió la misma línea que su par Víctor Flores, afirmando que “si una corporación de derecho privado se moviliza y gestiona con recursos públicos, todo lo que de ahí salga son recursos públicos, entonces no se pueden hacer pagos a profesionales o finiquitos con fondos públicos”.
“Sabemos que las corporaciones de derecho privado han sido un punto de pérdida de dinero y arcas fiscales, no solo aquí en Colina, es una cuestión que se da en todo Chile”, aseveró Lillo, agregando que “si se cometieron errores que hay que subsanar como el tema de los dobles honorarios, hacer un seguimiento e inventario de las compras”.
Finalmente, la funcionaria municipal manifestó que “si se quiere tener una imagen de la gestión actual del mandato y de esta institución es necesario abrir espacios de transparencias, por eso argumento que se haga una auditoria, para que continuemos de una manera despejada, sin una carga, sin una mochila”.
La realización de esta auditoria y dónde tendrá su foco se revisará y analizará en la Comisión de presupuestos de la municipalidad.
Hospital Zona Norte
Sobre este punto, donde Contraloría también entregó un informe donde declara ilegal la compra del terreno por parte de la Corporación de Desarrollo Social de la comuna, los concejales se mostraron preocupados por el próximo pago de una de las cuotas que se debe realizar el próximo 30 de octubre.
Es importante mencionar que el día que se adquirió el terreno por 100 mil UF se pagaron de forma inmediata 20 mil UF y se acordó un pago de 10 mil UF los días 30 de mayo y 30 de octubre de cada año hasta el pago total, tocando la cuarta cuota este domingo.
“Lo que me preocupa a mí es que, la Municipalidad, con acuerdo unánime del concejo de abril y julio de 2020, entregó terrenos, patrimonio municipal en garantía en la compra. Si ahora, el municipio, la alcaldesa se ve impedida, porque fue declarada ilegal la compra, de pagar la cuota de octubre ¿qué puede hacer la dueña si tiene garantía para cobrar terrenos?”, cuestionó el concejal Flores.
La concejala Lantadilla también apuntó en la misma línea. “Ahora la cuota que corresponde al 30 de octubre es la que está en cuestión de si se va a pagar, porque según el informe de Contraloría no debiera pagarse, pero dado que fue una transacción que está con una compra y venta y con terrenos de la corporación comprometidos la dueña del terreno eventualmente podría demandar”.
Por su parte, Catalina Lillo manifestó que esto “es una atadura de manos, porque es una herencia edil, donde la administración está entre la espada y la pared: si pagan se está cometiendo la ilegalidad que indica la Contraloría, pero a su vez tenemos terrenos que están amarrados a este contrato que pueden ser cobrados por la vendedora. Entonces, preocupa el patrimonio municipal”. CHH