La Comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional, en el marco de votaciones en general, aprobó este martes 08 de marzo la iniciativa popular de norma «Cárcel para Sebastián Piñera», que responsabiliza al actual Mandatario en materia política y penal por las violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH) en el marco del Estallido Social (octubre de 2019).
En noviembre pasado, el órgano inició un proceso inédito que permitió la participación ciudadana para formular propuestas de norma que pudieran ser consideradas en la discusión y redacción de una nueva Constitución.
Para ser discutidas dentro de la Convención y en sus respectivas comisiones temáticas, las iniciativas populares debían recibir -como mínimo- 15 mil apoyos, y de las 2.496 que fueron publicadas en total en la plataforma web habilitada para este proceso, 77 consiguieron las firmas.
Una de ellas fue «Cárcel para Sebastián Piñera», la cual consiguió sumar un total de 20.444 apoyos, por lo que en el marco de su discusión en la Comisión de Sistema de Justicia -que es integrada por 19 convencionales-, este martes fue aprobada en general por 10 votos a favor, 8 en contra y una abstención. Ahora, deberá pasar a la votación en particular.
En detalle, quienes optaron por aprobar fueron los constituyentes; Daniel Bravo, Mauricio Daza, Hugo Gutiérrez, Vanessa Hoppe, Luis Jiménez, Natividad Llanquileo, Manuela Royo, Daniel Stingo, Ingrid Villena y Manuel Woldarsky.
Mientras que los que rechazaron fueron: Carol Bown, Ruggero Cozzi, Andrés Cruz, Ruth Hurtado, Patricia Labra, Tomás Laibe, Rodrigo Logan y Luis Mayol.
En tanto, la abstención fue por parte del convencional Christian Viera.
La iniciativa popular fue ingresada por Mauricio Menéndez, uno de los fundadores de La Lista del Pueblo.
En su contenido plantea que «se contabilizan más de 8.000 víctimas de violencia estatal, más de 500 casos de trauma ocular y más de 50 muertes a causa de la violencia estatal. El único responsable es Sebastián Piñera Echenique, quien hasta el momento ha actuado en plena impunidad. A esto también se suman dentro de su periodo el escándalo derivado de los Pandora Papers y las revelaciones sobre el proyecto minero Dominga».
En ese contexto, también plantea que el actual Mandatario «tiene responsabilidad política y penal, como Presidente de la República», por lo que «tiene que responder ante los tribunales que sean necesarios, tanto nacionales como internacionales, por la violación sistemática a los derechos humanos de miles de compatriotas chilenos». CHH
