Este lunes, la Comisión para la probidad, creada por el Gobierno para esclarecer las polémicas que han existido en las últimas semanas, entregó su primer informe al Presidente Gabriel Boric, a raíz de los traspasos de dinero a diferentes fundaciones.
Fueron 45 días de trabajo, donde se analizaron las 46 medidas que pretenden mejorar y regular la relación entre instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado. Ante estas indicaciones, el mandatario señaló que «las acciones que dieron paso a esta preocupación están siendo investigadas, y no me cabe duda que serán sancionadas, sean del color político que sean, sean del Gobierno central, o regional, de este Gobierno o del anterior”.
Además, indicó que «en el corto plazo vamos a presentar al país y al Congreso el camino para materializar estas propuestas y esperamos contar con apoyos transversales para profundizar la probidad y transparencia».
Cabe señalar que esta Comisión fue presidida por María Jaraquemada, además de Ramiro Mendoza, Jeannette Von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval y Francisco Agüero como participantes.
Algunas de la medidas que se publicaron en este informe son:
- Ley general de transferencias: Se propone la creación de una ley permanente que regule de manera general y supletoria las transferencias estatales a instituciones privadas con y sin fines de lucro.
- Ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC): La medida consiste en ampliar la cobertura de SISREC de Contraloría, como portal único de rendición de las transferencias del Estado.
- Crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile
- Portal de información sobre transferencia de recursos públicos al sector sin fines de lucro
- Establecer obligaciones de transparencia activa de instituciones sin fines de lucro
- Mayor control a corporaciones municipales y regionales
- Obligación de alcaldes y alcaldesas de informar al Concejo Comunal
