Esta tarde el Gobierno, a través de la ministra del Interior Carolina Tohá, dio a conocer la presentación del veto presidencial a la Ley de Usurpaciones. El propósito de esta medida es eliminar la “legítima defensa privilegiada” del proyecto que ya se encuentra aprobado por el Senado.
En palabras de la ministra, lo que el Gobierno persigue es “hacer valer las reglas generales sobre legítima defensa y sobre detención ciudadana. Entonces se saca todo este régimen especial que se había creado acá que fomentaba la autotutela y que permitía que las personas pudieran (hacer justicia) por sus propias manos con armas, con terceros”.
Esto significa que esta ley, que busca terminar con ocupaciones ilegales de inmuebles, no tendría privilegios de defensa y se establecerían las mismas condiciones que con cualquier otro crimen. “La persona va a poder hacer legítima defensa igual que en los delitos generales, pero se hizo esta modificación con el objeto de evitar que se promueva que las personas, los civiles, a través de la violencia reivindiquen sus derechos”, declaró Tohá.
Un aspecto que la ministra enfatizó fue que, a pesar de no existir una legítima defensa especial, los delitos de usurpación serán de carácter permanente, lo que otorgará a las policías la facultad de actuar en cualquier momento. “Eso hoy día no existe”, indicó. CHH
