Por 7 votos a favor y 3 en contra se aprobó la admisibilidad del proyecto que busca extender transitoriamente el permiso postnatal parental, hasta el cese del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, decretado con motivo de la expansión del Covid-19.
En la sesión de la Comisión Mixta, que analizó las discrepancias entre la Cámara y el Senado, los votos favorables por parte del Senado fueron de Ximena Rincón (DC) y Pedro Araya (IND) y del presidente de la instancia, Alfonso De Urresti (PS). Como representantes de la Cámara de Diputadas y Diputados votaron por la admisibilidad Joanna Pérez (DC), Gastón Saavedra (PS), Gael Yeomans (CS) y Francisco Eguiguren (RN).
Los principales argumentos planteados por las y los legisladores apuntaron a la necesidad de dar respuesta a esta urgente demanda social, que tiene como fin proteger los derechos de las y los niños en este tiempo de crisis sanitaria.
Por esto, aseguraron que no se proponen nuevos gastos, pues ya existen en el Fondo Único de Prestaciones Familiares, y que no forma parte de normas de seguridad social, medidas que serían de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Los votos en contra, de los senadores Víctor Pérez (UDI), Andrés Allamand (RN), junto al diputado Patricio Melero (UDI), sostienen, entre otras razones, que sí incurre en gasto, debido a que responde a un proyecto de seguridad social y que, por ende, no es atribución del Poder Legislativo presentar proyectos en esta dirección.
Previo a la votación de la norma, expuso en la instancia la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. A su juicio, la norma en discusión ayuda a proteger principalmente la vida y la integridad física y psíquica de las niñas y niños. Muñoz aseguró que el proyecto permite cuidar de “los primeros mil días de vida que son fundamentales en el neurodesarrollo”, a lo que debe agregarse el riesgo por las condiciones propias de la crisis sanitaria por Covid-19, lo que va en la línea con los tratados internacionales de protección de la niñez y adolescencia.
También expuso la ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, quien sostuvo que la norma sí entra en materias propias de la protección social y que tendría un costo, solo hasta fines de junio, de cerca de 100 millones de dólares, considerando un número cercano a 20 mil nacimientos. Planteó además, la necesidad de hacerse cargo de las diferencias que se generarían con las y los niños que nacen luego del estado de excepción constitucional o quienes lo hicieron días antes de que este fuera implementado, pues esta norma estaría provocando una discriminación en la entrega del beneficio. CHH
