La Contraloría General de la República decidió abrir dos sumarios de manera paralela a las gestiones del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue y de la exsubsecretaria Katherine Martorell, luego que se detectaran antecedentes que podrían constituir delitos.
De esta manera, la entidad solicitó al Ministerio Público que inicie una investigación contra ambos. En el caso de Jadue, tras audirotías realizadas a la Corporación Cultural de Recoleta, dependiente de la municipalidad, y por otro lado a Martorell por la compra de 300 cámaras corporales para Carabineros que fue gestionada por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Según informó La Tercera, la Contraloría inspeccionó el uso de recursos de la Corporación Cultural de Recoleta para la realización del Festival Womad en 2020, estableciendo que entre 2015 y 2019 no existen registros contables que respalden los traspasos de recursos, ni los montos que la municipalidad destinó para financiar el evento.
Frente a esto, Jadue señaló en su cuenta de Twitter: “tenemos plena certeza de que cada peso está debidamente invertido en cultura para nuestra comuna. Estamos solo frente a faltas administrativas y he instruido que se apliquen todas las medidas a nuestro alcance para subsanar”.
Por otro lado, en cuanto a la exsubsecretaria Martorell, actual vocera del candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, el caso se produce tras una denuncia de una de las empresas que no logró la licitación de las cámaras corporales y que acusó irregularidades por parte de la compañía que se adjudicó el contrato por $400 millones, Motorola Solutions Chile.
De acuerdo a la Contraloría, dicha empresa no cumplía con las bases de la licitación ya que los equipos no contaba con “post recording de 120 segundos”, uno de los requisitos, por lo que sus ofertas debieron declararse inadmisibles.
El ente verificó que “no existe evidencia que al momento de la entrega de las cámaras por parte de la empresa Motorola a la Subsecretaría, estos hayan cumplido con los requisitos exigidos en las bases de estudio”, según un documento que reveló Radio Bío Bío.
Ante esto, Martorell señaló que “la Contraloría establece que hay errores administrativos, algunos de los cuales se comenzaron a subsanar durante mi gestión y otros que serán subsanados por el Servicio, tal como ha solicitado el ente contralor”.
Finalmente, la entidad determinó enviar los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte con la finalidad de investigar hechos que podrían tener carácter de delito. CHH
