La Contraloría General de la República acreditó que la exsubsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, cuando ejercía en el cargo, ofreció terrenos en la Región de Antofagasta a cambio de que habitantes de la zona se inscribieran en el partido Nueva Clase Media, que es liderado por su marido, Eduardo Salas.
De acuerdo a la información revelada por Radio Bío Bío, el ente fiscalizador acreditó esta información tras llevar a cabo una auditoría, por lo cual envió los antecedentes al Ministerio Público para iniciar una investigación por eventuales delitos de corrupción cometidos entre los años 2018 y 2019.
Cabe recordar que en noviembre de 2019 el Presidente Sebastián Piñera pidió su renuncia inmediata a la Subsecretaría de Bienes Nacionales luego que se destapara el caso. Alejandra Bravo se desempeñó también como concejala de Colina en los periodos 2000- 2004, 2004-2008 y 2012- 2016, y además postuló a la alcaldía de la comuna en las últimas elecciones municipales.
El hecho fue denunciado por la diputada del Partido Radical, Marcela Hernando, bajo el delito de cohecho ante el Fiscal Nacional, Jorge Abbott. La denuncia incluye audios que revelan que su jefe de gabinete, Mario Antonio González, junto a otros dirigentes, establecieron reuniones con un comité de pobladores que postulan a terrenos, donde les piden su “apoyo” para la entonces subsecretaria.
En el registro, los funcionarios que trabajaban con Bravo argumentan que esta postulará a un cupo en la Cámara de Diputados por el partido Nueva Clase Media, cuyo presidente es su marido, Eduardo Salas. “Se va tirar a diputada pero para el nuevo partido (…) Ella nos pide la firma y nos va a apoyar”, señala una de las trabajadoras en el audio al que accedió Radio Bío Bío.
De acuerdo a las indagatorias, al menos cuatro personas declaran que recibieron ofrecimientos formales por parte de funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales para acceder a tierras a cambio de la afiliación política en dicho partido.
Finalmente, la Contraloría explicó que estos hechos constituyen una falta a la probidad administrativa como “el hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto”. CHH
