La Contraloría General de la República, emitió un pronunciamiento sobre el instructivo que el 17 de abril divulgó el gobierno sobre los funcionarios públicos y el «retorno gradual y seguro» a sus actividades.
El organismo fiscalizador sostiene que la Dirección Nacional del Servicio Civil carece de atribuciones para emitir el oficio N° 429, de 2020, que ordenó el regreso de la Administración Pública a sus puestos de trabajo.
El dictamen N° 9.762, del 10 de junio de 2020, emitido por la Contraloría, señala que la ley establece que las competencias del Servicio Civil “se relacionan con la implementación de políticas de gestión y desarrollo de personas y, altos directivos”, y no con la materia del instructivo, “el cual básicamente se refiere a un plan de retorno gradual de los funcionarios públicos”.
En consecuencia y de acuerdo con la jurisprudencia, es el jefe superior de los respectivos servicios, “quien posee las facultades de dirección, administración y organización, por lo que corresponde a esa superioridad, en la actual situación de emergencia, adoptar, mantener, graduar o cesar las medidas extraordinarias de gestión de personal necesarias, considerando la obligación de proteger la salud de sus funcionarios y la población usuaria, sin desatender la continuidad del servicio, observando siempre las directrices que fije la autoridad sanitaria”, precisó el texto.
La resolución responde a la solicitud que hiciera la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la CUT y otras organizaciones. CHH
