A través de un comunicado, la Contraloría General de la República argumentó que posee las facultades legales para realizar una investigación a siete Altos Mandos de Carabineros, por su responsabilidad administrativa en el marco del estallido social.
Tras recibir críticas por parte de la institución policial, el organismo aseguró: «La facultad de la Contraloría General de la República para perseguir responsabilidades administrativas en Carabineros de Chile se funda en el artículo 98 de la Constitución Política de la República, que le encarga el control de legalidad de los actos de la Administración».
Entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 la Contraloría recibió 457 denuncias relativas al actuar de Carabineros, por lo que aseguran que impulsaron la investigación “en el deber legal de actuar frente a tales denuncias”.
El ministro del Interior, Víctor Pérez, respaldó a los carabineros, y aseguró que lo importante para el Gobierno es “que no se puede debilitar la acción de Carabineros en momentos tan sensibles como lo que estamos viviendo tanto en pandemia como saliendo de un estallido social”.
A su vez, el general director de Carabineros, Mario Rozas agradeció el respaldo del Gobierno y expresó que las situaciones que enfrentó la institución desde octubre han sido adversas. “Hemos tenido más de 15.000 eventos de graves alteraciones al orden público y hemos sido en muchas ocasiones sobre demandados y sobre esa base hemos tenido que ir adecuando nuestros cursos de acción”, enfatizó.
Finalmente, la entidad confirmó que dicha facultad de investigar se funda en la actual Constitución Política “que sostiene que el contralor, o cualquier otro funcionario de la Contraloría especialmente facultado por aquél, podrá ordenar cuando lo estime necesario la instrucción de sumarios administrativos”, aseguraron en la declaración pública. CHH
