El día de ayer, la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) informó que no iniciará un examen preliminar contra el Estado de Chile en el marco de las denuncias interpuestas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el estallido social del 18 de octubre del 2019.
La resolución se realizó luego que en abril pasado la ONG Comisión Chilena de DD.HH.y la organización italiana CRED presentaran ante el fiscal general de la CPI una solitud para investigar al Estado de Chile; el Presidente Sebastián Piñera; los exministros del interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel; el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla; el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; lo exministros de Defensa, Alberto Espina y Mario Desbordes; el exgeneral director de Carabineros Mario Rozas y el actual general director, Ricardo Yáñez.
La querella presentada señalaba que en Chile las violaciones a los DD.HH. eran «fraudulentamente calificados como delitos comunes», con la finalidad de «sustraerlos de la jurisdicción de la Corte de Penal Internacional para favorecer su posterior impunidad».
Según información entregada por El Mercurio, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que después de evaluar todos los antecedentes disponibles, el ente “descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la CPI tenga jurisdicción, concluyendo que las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas». CHH
