Este miércoles la Corte Suprema acogió un recurso de protección y ordenó a Gendarmería de Chile adoptar todas las medidas necesarias para posibilitar, dentro de los plazos legales, el derecho a voto de un grupo de 147 internos del Centro de Cumplimientos Penitenciario Colina II que se encuentran habilitados para sufragar.
Esto, tras un recurso presentado contra la institución y el Servicio Electoral (Servel) a favor de personas privadas de libertad que pese a que mantenían su derecho a voto no pudieron sufragar en el plebiscito constituyente de octubre de 2020.
En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal consideró arbitrario el actuar de ambas entidades, ya que atentan contra la legislación nacional e internacional al no realizar las gestiones para asegurar el derecho a voto de los reclusos, indicando que su actuar “contraviene las normas internas y los instrumentos internacionales ratificados por Chile, tornando su actuar en ilegal”.
El fallo indica que “el Servel está facultado para determinar la instalación de locales de votación en un recinto penitenciario, toda vez que la norma citada no realiza una enumeración taxativa y excluyente de recintos, por lo tanto no se advierte impedimento normativo a estos efectos”.
“Será principio rector de dicha actividad el antecedente que el interno se encuentra en una relación de derecho público con el Estado, de manera que fuera de los derechos perdidos o limitados por su detención, prisión preventiva o condena, su condición jurídica es idéntica a la de los ciudadanos libres”, agrega el documento.
Finalmente, enfatizaron que «a Gendarmería le corresponde velar de manera activa por que se respete la condición de ciudadano de cualquier persona privada de libertad bajo su custodia, teniendo en consideración al efecto no sólo la normativa interna sino también las disposiciones internacionales incorporadas a nuestro ordenamiento legal”. CHH
