El aumento de virus respiratorios que circulan en nuestro país ha causado estragos en el sistema hospitalario pediátrico, donde las camas críticas para niños han alcanzado un alto nivel de ocupación, tanto en el sector público, como privado.
“Estamos frente a uno de los brotes mayores de virus sincicial que hayamos visto en los años precedentes”, dijo la ministra de Salud, Ximena Aguilera, la semana pasada respecto a la compleja situación que vive el país.
Hasta el momento, producto de este virus respiratorio han fallecido al menos seis lactantes a lo largo del país, donde la ocupación de camas críticas pediátricas alcanza un total de 1085 camas, lo que representa un 92% de capacidad, conforme al último balance del Ministerio de Salud.
En el sector público, existen 772 camas ocupadas de un total de 845, lo que equivale al 91%. Mientras que, en el sector privado, de las 334 camas disponibles, 313 se encuentran ocupadas, lo que representa un 93,7%.
¿Por qué no se utilizó la Clínica Las Condes?
La grave situación respecto al brote de virus sincicial se hizo notoria luego del fallecimiento de una lactante en San Antonio, la cual esperaba ser trasladada a una cama crítica pediátrica en Arica, ya que esta habría sido “la más oportuna”, según dichos de la ministra Aguilera.
Asimismo, la autoridad sanitaria se refirió a la posibilidad que existió de utilizar una cama del sector privado, específicamente en la Clínica Las Condes. “Hay un fallo de Contraloría que impide comprar servicios a la Clínica Las Condes. Ahora, ciertamente, por Ley de Urgencias se están usando esos servicios y entiendo que no fue llamada efectivamente”, dijo a Mesa Central.
Por su parte, la Contraloría General de la República descartó este dictamen. “No se ha evacuado ningún dictamen, pronunciamiento jurídico o resolución que impida la gestión de prestaciones médicas en servicios de salud públicos o privados”, indican en Twitter.
Ante esto, el Ministerio de Salud respondió que se trató de una “confusión involuntaria” y que “efectivamente la inhabilidad de la CLC para suscribir contratos con el Estado por un periodo de dos años es resultado de la declaración de la justicia laboral por haber constatado vulneración de derechos de los trabajadores”. CHH
