Este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta la Base Naval de Talcahuano, con el fin de detener a dos marinos imputados por la muerte del comunero Yordan Llempi en Cañete, durante el Estado de Excepción que se vivió en la provincia de Arauco el 2021.
A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía informó que “la petición se funda en los resultados de las diligencias efectuadas por la Brigada de Homicidios y los peritajes del Laboratorio de Criminalística de la PDI”.
El hecho generó diversas reacciones en la esfera política. Desde la oposición, los primeros en alzar la voz fueron los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Sergio Bobadilla y Juan Manuel Fuenzalida. Ambos cuestionaron al Ministerio Público por “mantener un trato desigual entre las distintas partes involucradas” en el caso.
“Por supuesto que es importante que todos estos hechos se esclarezcan, pero no podemos desconocer que los funcionarios de la Armada se defendieron frente al ataque del que estaban siendo víctimas. Esas consideraciones, al parecer, el Ministerio Público no las ha tenido en cuenta en este ni en otros casos, porque la misma diligencia y rapidez con la que actuaron ahora no lo han hecho para perseguir a los narcoterroristas” agregaron.
Desde la otra vereda, la ministra del Interior, Izkia Siches, indicó que «esperamos que las investigaciones en curso permitan establecer los responsables, tal como se ha señalado de parte del Ministerio Público«.
En cuanto a las consecuencias que este hecho podría traer en la relación entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, Siches comentó que «hemos tenido la mejor relación con nuestras Fuerzas Armadas. Entendemos el rol que ellos desempeñan particularmente en el sur, en el contexto de Estado de Excepción Constitucional, es importantísimo»
Según información de Radio Bío Bío, la detención de los marinos fue postergada para el miércoles. CHH
