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Durante este sábado 22 de abril, en todo el mundo se celebrará una nueva edición del Día de la Tierra.
La conmemoración, que fue instaurada por el político demócrata estaounidense, Gaylod Nelson, busca crear conciencia para proteger al planeta.
El día sirve para crear conciencia sobre los problemas de superpoblación, contaminación, conservación de la biodiversidad, y otras preocupaciones ambientales.
Según el sitio oficial de las Naciones Unidas, con la celebración se admite “la responsabilidad colectiva de fomentar la armonía con la naturaleza y la Madre Tierra, para alcanzar el equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y medioambientales de las generaciones presentes y futuras”.
Según un análisis del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (Cnid), Chile es uno de los países del mundo con más conflictos ambientales por habitantes.
La encargada de Medio Ambiente y Desarrollo del Cnid, Xaviera de la Vega, explica que Chile ocupa el lugar doce en el Atlas de la Justicia Ambiental, con 46 conflictos. En los primos lugares del ranking figuran India (246), Colombia (121) y Brasil (83).
La especialista indicó que la mayoría de los conflictos están vinculados al agua. Este recurso clave para el desarrollo de la economía chilena, según recordó el Banco Mundial en un informe de 2011, dado que existe una fuerte tendencia a la exportación basada en sectores con procesos de producción que requieren mucha agua.
Por ejemplo, en 2005, el 42% del PIB fue resultado de actividades que tienen una alta demanda de este recurso: la industria manufacturera, el comercio, restaurantes y hoteles, la minería, el sector agropecuario y silvícola, y la electricidad, gas y agua.
Conflictos ambientales
Entre las inversiones en conflicto figuran los casos de la planta de celulosa de Nueva Aldea, Alto Maipo, Pascua Lama e HidroAysén, entre otros, que demandan altas cantidades de agua para sus procesos productivos o la generación de energía.
Según el estudio, los motivos que más se repiten en todos los conflictos analizados son: el reclamo al derecho de la participación ciudadana y consulta indígena, la solicitud de incorporar el conocimiento de los habitantes del territorio, demanda por ordenamiento territorial, y localización de proyectos en el borde costero, entre otros.
El estudio, elaborado por la consultora Agea y fechado en marzo pasado, agrega que del total de megaproyectos con conflictos, el 57,1% corresponden a la industria de energía, el 30,6% a la industria minera y el 12,2% al sector silvoagropecuarios (agroindustrial, embalses y celulosas).
El informe agrega que de las 28 iniciativas energéticas en conflicto, 17 corresponden a centrales termoeléctricas, 10 a centrales hidroeléctricas y un proyecto eólico. CH H.
