En lo que va de este 2019, se han registrado cuatro fugas desde recintos penitenciarios. Entre estas, cabe recordar la ocurrida hace menos de un mes en Colina I, donde tres internos de «alta peligrosidad» lograron vulnerar la seguridad del recinto, escapando de la cárcel y de sus condenas, dos de ellas por homicidio y otra por robo con intimidación. Así también ocurrió en los centros penitenciarios de Alto Hospicio, Quirihue y Colina II.
Según reportó La Tercera en un informe, durante los últimos 7 años la situación ha ocurrido 84 veces y al 10 de marzo de 2019 los condenados aún no habían sido recapturados.
Un oficio citado por el mismo medio, que fue emanado desde el Registro Civil hacia la Cámara, informó que desde que se creó el registro, el 22 de junio de 2012, hasta el 10 de marzo de 2019, hay en total 13.076 personas con órdenes de detención vigente. 11.429 de ellos, son imputados declarados rebeldes, 1.055 correspondían a condenados que esperaban sentencia en libertad y 340 eran condenados a los que les revocaron sus sentencias que estaban cumpliendo en libertad.
El desglose continúa con 110 reos que habían obtenido libertad condicional y luego les revocaron el beneficio, 84 que se fugaron desde un centro penitenciario y por último 33 personas que lograron huir cuando estaban con prisión preventiva u otra medida cautelar dictada por un tribunal.
166 prófugos de la justicia son menores de edad
También se reveló en el reportaje del diario La Tercera, que de los 13 mil prófugos 166 son niños, niñas o adolescentes. Desde algunos sectores han criticado el proyecto de ley que busca ampliar el Control Preventivo de Identidad a menores de 14 hasta 18 años, en vista que sería desproporcionada la medida, ya que el número de jóvenes es de cerca de 800 mil. En vez de ello, se ha propuesto aumentar de herramientas a las policías para que hagan una búsqueda focalizada de los prófugos y no sometan a todos a un proceso que puede ser vulneratorio de los Derechos del Niño.
Desde el Ministerio de Justicia señalaron al matutino que “lo primero es precisar que estas se tratan de cifras históricas, que abarcan varias administraciones. Para nosotros, toda fuga es un hecho grave y, por lo mismo, existen sumarios abiertos para determinar las posibles responsabilidades al interior de Gendarmería”.
Agregaron que están creando el Plan Anticorrupción, «el cual realiza una fuerte inversión para tener equipamiento tecnológico de primera línea en las cárceles (como body scanner, drones y bloqueos de señales de teléfonos) para evitar todo tipo de irregularidades”.
Por último, aseguraron que el trabajo cooperativo entre las policías y el sistema de justicia está en constante coordinación para dar con estos prófugos de la justicia. CHH