Este jueves 14 de febrero comenzó a regir la normativa que pretende sancionar a las personas que nieguen a otras el acceso a playas, ríos y lagos.
La ley, que fue dada a conocer hoy tras su publicación en el Diario Oficial, estipula que aquellos que infrinjan lo estipulado se arriesgan a multas que van desde los 10 hasta los 100 UTM. Esto equivaldría a cerca de $490.000 y $4.900.000.
Al respecto, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, afirmó: “Quiero agradecer el apoyo que le han dado los parlamentarios a este proyecto, que busca que todos puedan acceder a las playas de Chile sin ningún tipo de prohibición, ni cobros, por una simple razón: en Chile no hay playas privadas”.
La promulgación de esta ley se contextualiza con el caso protagonizado por el presidente de Gasco, Matias Pérez Cruz, quien la semana pasada fue cuestionado por exigirle a un grupo de mujeres abandonar el Lago Ranco, asegurando que éste era parte de su propiedad. CHH
