Nuevamente, el ministro Giorgio Jackson se encuentra en el ojo del huracán por la campaña del plebiscito.
La semana pasada, la Contraloría General de la República (CGR) aseguró que el titular de la Segpres “no se ajustó a la necesaria prescindencia” por su rol de articular posibles reformas a la Constitución.
Ahora, el exparlamentario se enfrenta a un escenario judicial, ya que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago revisará dos querellas por la impresión de ejemplares de la propuesta constitucional.
Una de ellas, presentada por el diputado Juan Eduardo Irarrázaval (Partido Republicano), fue acogida la semana pasada por el tribunal.
En detalle, la acción ingresada indica que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia -liderado por Jackson- mandó a imprimir más de 700 mil ejemplares del documento cuando la Convención ya había sido disuelta.
La querella de Irarrázaval no cuestiona la forma en que se generó la compra, sino que esta acción “no se encuentra autorizada por la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022”.
Consultado al respecto, el ministro Jackson afirmó que “nos parece un show triste en términos políticos y constituye una instrumentalización, tanto de tribunales de justicia como del Ministerio Público, con evidentes fines electorales”.
“Quiero recalcar en la irresponsabilidad que esto significa en momentos donde, tanto los tribunales como la Fiscalía, se ven sobrepasados haciendo mucho trabajo para poder perseguir el delito”, agregó.
“Creo que en este caso, además de ignorancia, puede haber mala fe al momento de leer lo que significa no sólo la Ley de Presupuestos, sino el que nosotros tengamos que ejecutar un gasto que mandató la Convención Constitucional”, sostuvo el secretario de Estado.
A esta querella se suma la presentada por el abogado Marcelo Brunet (RN), acogida este martes por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
En este caso, una de las causales sí apunta al mecanismo de trato directo para pagar la impresión de los textos: “No había causa de urgencia y se gastaron recursos que no estaban disponibles, ya que debieron reintegrarse al Estado para uso de otras necesidades”, sostuvo Brunet.
Finalmente, Jackson aseguró que “no hay ningún hecho que haya faltado a la legalidad” y que prestarán toda la colaboración en la respectiva investigación del Ministerio Público.
Revisa un vídeo con las declaraciones del secretario de Estado:
CHH
