Un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) reveló cómo la violencia en los alrededores de establecimientos educacionales puede afectar significativamente el desempeño académico de los estudiantes.
El estudio, titulado “Más allá de la seguridad: Educación en contextos violentos”, analizó la relación entre los homicidios ocurridos cerca de los colegios y los resultados del Simce de segundo medio aplicado en 2023.
Según explicó Gabriel Ugarte, investigador del CEP, si bien se conoce el efecto de la violencia dentro de las escuelas, existe poca evidencia sobre cómo los delitos violentos en el entorno escolar repercuten en el aprendizaje.
“Este estudio busca cuantificar ese efecto, especialmente en un contexto donde los crímenes de alta connotación, como los homicidios, han aumentado”, señaló.
La investigación analizó los resultados del Simce con datos de homicidios proporcionados por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), abarcando una muestra de 745 establecimientos de enseñanza media en 33 comunas.
Los investigadores compararon el rendimiento de los alumnos en comunas donde ocurrió al menos un homicidio en las dos semanas previas a la prueba con aquellos donde el crimen se registró después de la prueba.
En promedio, los estudiantes expuestos a homicidios recientes mostraron una baja del 7 % en comprensión lectora y del 9 % en matemáticas. Aún más preocupante, cuando el crimen ocurrió más cerca de la fecha de la prueba, la caída en el rendimiento alcanzó hasta un 20 %.
El informe concluye que esta pérdida de aprendizaje equivale a un cuarto del año escolar. “Es un efecto significativo que prácticamente se triplica si el crimen ocurrió muy cerca de la fecha de la evaluación”, destacaron los investigadores.
Además, el estudio evaluó el rol del clima escolar como posible factor protector. Si bien un ambiente escolar positivo está relacionado con mejores resultados, no logra mitigar completamente el impacto de la violencia externa.
Trinidad Pacareu, coautora del estudio, enfatizó: “La delincuencia no debe entenderse solo como un problema de seguridad, sino también como un factor que afecta directamente la calidad educativa”.
En esa línea, la investigadora llamó a implementar políticas que no solo reduzcan la criminalidad cerca de los establecimientos, sino que también proporcionen apoyo directo a las escuelas en contextos vulnerables.
“Mejorar la seguridad es también una forma de garantizar el derecho a la educación”, concluyó.
