Como un fallo histórico fue declarado un documento presentado por la Corte Suprema, en el cual prohíbe la venta de terrenos del proyecto de parcelación Punta Puertecillo ubicado en la región de O’Higgins y cuyo dueño es el empresario Jorge Gálmez.
En concreto, el fallo frena la venta de estos terrenos hasta que el proyecto consiga la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), además de multar con 3.652 millones de pesos a Gálmez, quien es dueño también del Mall Sport.
Esta medida se dictó luego de determinarse que el proyecto tiene características de desarrollo urbano y no las correspondientes a las de desarrollo rural, según determina el D.L. 3516. Por lo que debió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) mediante un Estudio de Impacto Ambiental.
«Se ha constatado la existencia de antecedentes calificados que permiten desprender que el avance del proyecto configura, a lo menos, la inminencia de un perjuicio ambiental a la cuenca que conforman el humedal y el estero Topocalma«, precisa el fallo de la Corte.
Por su parte, Matías Montoya, abogado de Barros & Errázuriz y asesor legal de Punta Puertecillo, detalló a El Mercurio que «en relación con la reciente sentencia emitida por la Corte Suprema, respecto al proyecto Punta Puertecillo, nos encontramos estudiando los alcances de la misma con la finalidad de determinar los efectos sobre el proyecto«.
Según recoge el medio citado, los expertos catalogan este fallo como histórico, ya que “eso nunca había pasado”, dijo Rodrigo Andreucci, profesor de derecho inmobiliario y socio del estudio jurídico Andreucci & Torrejón, quien también manifestó que este freno tiene mayor relevancia que el caso de los “guetos verticales”.
En tanto, el abogado Diego Pereira, socio del estudio Kandora y Cía., aseveró a El Mercurio que «la Corte Suprema marca un precedente fundamental con esta multa, disponiendo medidas precautorias, prohibiendo la venta de terrenos parcelados».
Asimismo, Pereira planteó que es «casi imposible» que este proyecto tenga una evaluación positiva de RCA, por lo que aquellos que compraron un terreno podrían quedarse con un lugar que «no será usado para los fines que lo adquirieron. Se van a ver profundamente afectados y no descartaría demandas colectivas». CHH
