Según indica un informe del Sernameg, de las 27 víctimas de femicidio de este año, casi el 38 por ciento contaba con denuncia contra quien fue su agresor, mientras que el 15 por ciento tenía con una medida cautelar vigente al momento del asesinato.
Desde la Fiscalía Especializada de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Región Metropolitana Sur, Carolina Pardo explicó que «cuando a uno le roban, lo único que quiere es que lo condenen pero aquí es muy difícil por los sentimientos involucrados. Uno va minimizando el riesgo».
«Muchos de estos casos vinculan a la dependencia económica y emocional que existe entre la victima y el imputado, la que provocaría que parte de las denunciantes no quiera continuar con el proceso penal o no alerte a la policía cuando el hombre rompe las prohibiciones interpuestas», explicó Pardo a El Mercurio.
Desde la Fiscalía añadieron que cuando se decretan estas medidas de protección, Carabineros realiza rondas periódicas para intentar prevenir los ataques a las denunciantes. Sin embargo, lamentaron, las agresiones ocurren cuando la policía no está cerca.
De acuerdo con cifras del Ministerio Público, hasta junio de este año el 38 por ciento de las denuncias por violencia intrafamiliar fue por amenazas y el 46 por ciento por lesiones.
Estas agresiones, según la fiscal Pardo, son de carácter leve y si no hay cooperación de la víctima, es imposible lograr una medida cautelar. A pesar de esto, la persecutora aseguró que siempre se ofrecen medidas de protección a la denunciante, como reforzamiento de rejas y chapas y rondas periódicas.
