Luego de que el Ministerio Público iniciara una investigación para verificar si hubo o no «crucifixión» en la 43° Comisaría de Peñalolén -situación que había sido denunciada durante el estallido social- se descartó la hipótesis, tras peritajes químicos y declaración de testigos.
Así lo confirmó el fiscal Miguel Ángel Orellana, quien realizó la investigación pertinente junto a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, PDI. Si bien las autoridades descartaron la «crucifixión», sí determinaron que hubo delitos de tortura y apremios ilegítimos dentro del recinto mencionado, razón por la cual tres carabineros ya fueron formalizados.
Por esto, Orellana solicitó el sobreseimiento del delito que se imputaba erróneamente, lo que fue acogido parcialmente por el fiscal Eduardo Gallardo del 13° Juzgado de Garantía. «Es relevante la investigación porque hay que perseguir las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de octubre, pero perseguir los delitos que efectivamente se cometieron», enfatizó Gallardo. CHH
