Este lunes 28 de agosto, la Corte Suprema rechazó el requerimiento ingresado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la cual buscaba extender por seis meses el trabajo de la ministra en visita de Romy Rutherford en el contexto de la investigación por fraude en el Ejército.
En el 2020 se renovó por primera vez la visita de Rutherford, lo que se volvió a dar en marzo del 2022 tras ser aprobada la indicación «Ley Rutherford», lo que le otorgó una extensión hasta el 4 de septiembre de este año.
El CDE buscaba que la Corte Suprema otorgara otros seis meses a la ministra en visita para continuar su investigación, la cual asumió en 2017 y desde ese entonces ha encausado a 68 uniformados, dictado 12 condenas, además de imputar a cuatro comandantes en jefe del Ejército: Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo y Ricardo Martínez.
Junto a lo anterior, a lo largo de esta investigación, Rutherford tuvo que analizar 2.669 archivadores guardados en una bóveda para lograr armar los casos en contra de los altos funcionarios y exfuncionarios del Ejército.
Desde el CDE, para solicitar esta extensión, argumentaron que: “Sólo entre el 1 de enero y el 18 de agosto, la ministra ha tomado 103 audiencias entre declaraciones y careos; ha practicado 12 incautaciones, tanto en dependencias del Ejército como en empresas particulares, y ha despachado órdenes de investigar y/o instrucciones particulares para ser diligenciadas por la Brigada Investigadora Anticorrupción. En este punto es importante destacar que a la fecha existen 67 órdenes de investigar e instrucciones particulares pendientes de entrega”. CHH
