Este martes 23 de agosto, se informó que el Ministerio Público citó a declarar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, como imputado en una investigación relacionada a presuntos delitos contra los derechos humanos cometidos por personal policial durante el estallido social.
Actualmente, la causa está encabezada por Ximena Chong, jefa de la Unidad de Alta de Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, luego de iniciarse en 2019 de la mano de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.
Conforme a lo señalado por El Mercurio, como nuevo trámite, la fiscal a cargo citó al director general de Carabineros a declarar la próxima semana, siendo representado por el abogado Jorge Martínez, quien afirmó que Yáñez colaborará en la entrega de todos los antecedentes requeridos.
La indagatoria, si bien se realiza sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, corresponde a una nueva causa iniciada por dos querellas que se presentaron en el 2021 por abogados particulares.
Los juristas apuntan a establecer que existe una responsabilidad de un superior o de “mando”, por presuntos delitos de omisión en apremios ilegítimos durante el estallido social, desarrollado entre el 18 de octubre del 2019 hasta el 30 de marzo del 2021.
Declaración previa
Esta no es la primera vez que el director general debe entregar su declaración, ya que el año pasado se presentó frente a fiscalía y señaló que su rol como jefe de Orden y Seguridad «era de dirección, planificación, control y supervisión a través de los distintos jefes de zona para mantener los servicios operativos conforme a la misión institucional que recae en la institución a nivel nacional»; y uno de ellos era el «control del orden público».
«Desde el 18 de octubre la comunicación era diaria y permanente (…) se canalizaba a través de los jefes de zona que son quienes informan a la Dirección de Orden y Seguridad, a mí concretamente. Dentro del informe referido se incluía el reporte de personas lesionadas en manifestaciones, fueran carabineros o civiles”, señaló en esa oportunidad.
Asimismo, puntualizó que “en algunos casos no contábamos con la individualización del lesionado, pero se informaba igual, porque esas fueron las instrucciones impartidas, además de formular las denuncias al Ministerio Público, incluyendo la información del personal de Carabineros involucrado en el procedimiento y del funcionario que había hecho uso del armamento».
Informe de su defensa
Conforme a lo señalado por El Mercurio, la defensa entregó un informe realizado por la abogada Alicia Gil Gil, directora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED de Madrid, respecto a «la posibilidad de calificar como crímenes contra la humanidad las actuaciones de Carabineros«.
«A la vista de todo el análisis podemos concluir que Chile vio, durante el estallido, unos problemas de orden público no conocidos en su historia reciente. Ello llevó a la necesidad de incorporar a las tareas de control del orden público a un elevado número de efectivos que no venían ejerciéndolas habitualmente«, explica el documento.
Lo anterior, significó «una incapacidad (más que falta de voluntad) de recuperar el espacio público garantizado a la vez que todos los agentes cumplieran con los protocolos de uso de la fuerza”, por lo que se descartó “el elemento ‘existencia de una política (estatal para dañar a la población)», aquello «siguiendo las argumentaciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional».
Además, de afirmar que «se constata que tampoco existen indicaciones suficientes de la existencia de un ataque generalizado sistemático contra una población civil». CHH
