Diversas críticas han emanado del oficialismo sobre las pensiones de gracia que dictó el Gobierno a víctimas del Estallido Social, a raíz de que un número de los beneficiados cuenta con antecedentes penales.
Por esta razón, Matías Ramírez del PC, mencionó que “es un error abrirse a revisar el otorgamiento. Dicha revisión puede constituir un acto ilegal y arbitrario a la luz de los compromisos del Estado chileno, en materia de reparación a victimas de violaciones a los derechos humanos».
Por su parte, la diputada Emilia Schneider (CS), indicó que “no comparto la revisión de las pensiones de gracia. Si creo que se tienen que tener presentes los antecedentes penales, pero ojo, creo que en la entrega de este tipo de reparaciones no tiene que ver con la calidad moral de una persona».
Ante estas críticas, el ministro de Justicia, Luis Cordero, defendió la posición del Ejecutivo: “Cualquier decisión pública genera puntos a favor y resistencia. El Ejecutivo da explicaciones y el Ministerio del Interior en particular ha estado a cargo de la evaluación de cada uno de sus expedientes”.
“A mí me parece el Ejecutivo ha sido muy preciso respecto de que asunto tiene que ver con la competencia, ha sido claro desde el principio”, recalcó. CHH
