Luego de que el juez Luis Muñoz ordenara la libertad bajo fianza de 23 miembros de una banda de narcotraficantes en Ovalle, el Gobierno anunció que se encuentra evaluando solicitar la inhabilitación del magistrado.
Al respecto, la ministra del Interior Carolina Tohá sostuvo que “nuestros equipos jurídicos están evaluando la posibilidad de solicitar al juez que se inhabilite en lo sucesivo en cuanto a esta causa”.
En ese sentido, la secretaria de Estado expuso que los imputados “debieron haber quedado en prisión preventiva desde el inicio”, puesto que se les acusa de mantener en su poder más de 1.600 kilos de marihuana y distintos tipos de armas, entre los que se encuentra una subametralladora.
“Son personas que claramente tienen un involucramiento con delitos que son graves, y las armas son un indicador muy categórico de eso. Por eso es nuestra preocupación y opinión de que la decisión tomada tenía enormes riesgos”, comentó.
Por otra parte, Tohá señaló que la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra trabajando arduamente para dar con el paradero de los individuos, luego de que la Corte de Apelaciones de La Serena ordenara el cambio de medida cautelar a prisión preventiva. De momento, de los 23 integrantes de la banda delictual de Ovalle solo se ha capturado a una mujer.
“El planteamiento del juez respecto de la prisión preventiva mostró una opinión que ya tiene en relación con la investigación, que muestra que no le tiene mucha fe. Y a nosotros nos parece que es una investigación de delitos muy graves que tienen que ser perseguidos y sancionados”, concluyó. CHH