Este miércoles, el ministro (s) de Obras Públicas, Danilo Núñez, junto al director general (s) de Aguas, Cristián Núñez, se refirieron a las acciones de fiscalización en el marco del Plan Especial de Monitoreo de lagos, lagunas y ríos.
Esta medida cobra especial importancia ante la crisis hídrica que afecta a más de 34 comunas del país, por más de 14 años.
Núñez destacó el monitoreo permanente de la calidad del agua y realizó un llamado a la ciudadanía a evitar la contaminación de estos cuerpos hídricos. “No se debe arrojar basura ni descargar residuos de lavados o baños en ríos y lagos, ya que esto afecta el riego y el consumo humano”, señaló.
Por su parte, la Dirección General de Aguas (DGA) informó que se realizan controles en más de 100 puntos del país, evaluando parámetros como acidez, presencia de coliformes fecales y temperatura del agua, con el fin de garantizar su calidad a lo largo del tiempo.
Aumento de fiscalizaciones y sanciones
Las autoridades también alertaron sobre la creciente contaminación por descargas de aceites en lagos del sur del país, lo que afecta a los ecosistemas y la vida acuática. Además, se ha intensificado la fiscalización de la extracción ilegal de agua mediante el uso de drones y equipos especializados de la DGA.
“Cuando hay escasez y se extrae agua de manera ilegal, se perjudica a familias y zonas de riego”, advirtió Núñez. Por lo anterior, se han fortalecido las inspecciones en ríos y lagos para identificar estas prácticas.
Las multas por estas acciones oscilan entre los seis y los 37 millones de pesos, pero si el agua extraída ilegalmente estaba destinada al consumo humano, la sanción puede alcanzar los 70 millones de pesos.
El director general (s) de Aguas informó que hay 2.000 estaciones de monitoreo en el país, y que en 2024 se incrementó en un 12% la fiscalización, con cerca de 1.000 multas impuestas, totalizando $9.600 millones en sanciones.
Las principales infracciones se concentran en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Ñuble y Biobío, y son cometidas tanto por personas naturales como por empresas de los sectores agrícola e inmobiliario.
