La Contraloría General de la República (CGR) reveló que solo 10 de los 79 establecimientos penitenciarios bajo la administración de Gendarmería cuentan con un sistema de inhibición de señal de telefonía celular.
Según informó el organismo, de estos recintos ocho corresponden a establecimientos concesionados y dos a penales de administración tradicional, lo que representa apenas el 12,7 % del total.
El informe fue solicitado por los diputados UDI Sergio Bobadilla, Juan Fuenzalida, Fernando Bórquez, Juan Antonio Coloma y Henry Leal, y en él se detalla el funcionamiento del sistema “Guardian”, contratado a través de la unión temporal de proveedores conformada por las empresas Informática Tier1 SpA y Septier Communication LTE.
Este servicio, que inició su operación el 8 de abril de 2024 por un periodo de 36 meses, tuvo un costo de $5.654.880.000.
De acuerdo con lo informado, las pruebas de validación se realizaron los días 20 y 29 de agosto de 2024 en los centros CDP Santiago 1, CDP Santiago Sur y la Unidad Especial de Alta Seguridad.
Los resultados arrojaron cinco casos en los que dispositivos en lista negra lograron acceder a conexión de voz y datos móviles. Además, se identificaron cambios reiterados de IMSI y de IMEI que no fueron detectados por el sistema.
Según la CGR, esto se debe a la falta de una temporalidad definida en la detección y análisis de estos dispositivos, lo que impide conocer el tiempo exacto que tarda el aplicativo en bloquearlos.
Conexión WiFi
Otro hallazgo preocupante es que los dispositivos bloqueados por el sistema pueden seguir conectándose a internet mediante redes WiFi.
Por lo anterior, la Contraloría instruyó a Gendarmería a diseñar e implementar un procedimiento formal de revisión del funcionamiento del sistema, que deberá incluir la validación periódica de aspectos como el tiempo de detección de dispositivos, cobertura del sistema y verificación de bloqueos efectivos de telefonía móvil e internet.
Asimismo, Gendarmería deberá remitir las medidas correctivas para mitigar los riesgos de conexión a redes WiFi, para lo que tendrá un plazo de 60 días hábiles. Además, se ordenó que la entidad penitenciaria documente el cobro de multas por periodos de inactividad del sistema, monto que asciende a $27.000.000.
Desde el Gobierno, la ministra de Ciencias y vocera (s) Aisén Etcheverry afirmó en un punto de prensa que “el sistema está funcionando y es posible hacer muchas mejoras”.
