Pese a que el pasado martes el Senado aprobó casi de forma unánime el proyecto de Ingreso Mínimo Garantizado, el proceso se dilató luego de que ayer miércoles la Cámara de Diputados lo enviara a comisión mixta.
En conversación con Chicureo Hoy, la seremi de Desarrollo Social, Catherine Rodríguez, explicó que la iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, busca regular el ingreso mínimo actual, el cual se pacta en 301.000 pesos. “A través de un bono que subsidiará el Estado hasta el año 2023, la gente podría llegar hasta los 360.200 pesos brutos al mes, obteniendo con esto a un ingreso líquido de 300.000 pesos”, precisó.
Sobre los beneficiados por el bono, indicó que “serán todas aquellas personas que pertenezcan al 40% más vulnerable o que tengan un sueldo en una jornada laboral preestablecida con contrato donde se pueda hacer este incremento”.
En tanto, indicó que el ingreso se realizará de la siguiente manera: “Los empresarios, los jefes en este caso, tendrán que inscribir a sus funcionarios al sistema, y con esto recibirán el subsidio del Estado para incrementar los sueldos mínimos”.
La seremi detalló que, si es que se aprobaba ayer en la Cámara de Diputados, este ingreso iba a empezar a ser pagado en abril de este año, sin embargo, indicó que al pasar a comisión mixta, se va a atrasar un tiempo más.
La autoridad lamentó que la posibilidad de que el proyecto se convierta en ley se haya atrasado, y explicó que esto tuvo que ver con una indicación planteada por la oposición, la que busca que no se aplique este beneficio a los trabajadores de empresas con mayores ingresos. En esta línea, la seremi indicó que “la oposición no quiere que las empresas que tienen un ingreso superior a las 75.000 UF anuales reciban este beneficio para sus trabajadores, y por esa razón 660 mil personas en todo el país no podrán empezar a recibir este incremento a partir del mes de abril”.
Los parlamentarios de oposición explicaron que su decisión tuvo que ver con que las grandes empresas sí pueden hacer un esfuerzo y no depender del recurso público para aportar a este aumento. “El proyecto de Ingreso Mínimo del Gobierno (Bono) hace que los (…) trabajadores se paguen con sus propias compras (IVA) su aumento de sueldo, sin tocar el bolsillo de los más ricos. Absolutamente regresivo”, señaló al respecto el diputado Diego Ibáñez (CS).
Sobre los argumentos de la oposición, la seremi afirmó que “yo entiendo que desde el estallido social tenemos que hacernos todos responsables, pero tampoco podemos dejar por mientras a la gente desamparada”, y agregó que “claro que queremos que los empresarios también se hagan responsables de dar mejores condiciones de sueldo a sus funcionarios, pero hoy tenemos este problema urgente”.
Sumado a esto, argumentó que “el hecho de que como Estado se entregue este subsidio hasta el año 2023, nos da tiempo para generar más conciencia dentro de las mismas empresas y que esto se consiga para los años que sigan”. “La idea es que aquellos empleadores que hoy día no están disponibles a hacerlo desde sus recursos, puedan de a poco empezar a sumarse a esta iniciativa”, subrayó Catherine Rodríguez.
En adelante, se espera que el proyecto sea votado en la comisión mixta, la que busca solucionar diferencias producidas entre la Cámara de Diputados y el Senado. Esta sesionará el lunes, restando después de eso su paso por ambas cámaras antes de convertirse en ley. CHH
