La exministra, Javiera Blanco presentó una demanda al Consejo de Defensa del Estado, acusando presiones indebidas para que dejara el cargo, en medio de investigaciones por casos de corrupción.
Se trata de una inédita acción legal de un exconsejero en contra del organismo estatal, según dio a conocer La Tercera.
Recordemos que en octubre de 2019, la abogada renunció a su cargo en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en medio de tres investigaciones que apuntan a su gestión durante los gobiernos de Michelle Bachelet.
Se trató de las irregularidades en el programa de Aseguramiento de la Calidad de las Residencias y de Mejoramiento Continuo (Ascar) de Sename, contratación de asesores de Gendarmería y por la eventual malversación de $47 millones de gastos reservados de Carabineros.
“La incomodidad de los consejeros, que la entiendo, hace que tome esta decisión”, aseguró poco después, en entrevista con el diario El Mercurio.
“Renuncié al Consejo de Defensa del Estado. Lo hice ayer a través de una carta a la presidenta del Consejo, María Eugenia Manaud, y al presidente de la República”, agregó.
Finalmente, la Fiscalía no perseveró en las dos primeras causas. Mientras que en el caso de corrupción en Carabineros, fue sobreseída por prescripción, en julio pasado.
Debido a ello, la exsecretaria de Estado demandó al CDE por falta de servicio, pidiendo además una indemnización por el daño moral y económico provocado por su salida.
En el libelo, se apunta a la entonces presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, a quien acusa de “conductas abiertamente abusivas”.
“La animosidad de la entonces presidenta y jefa superior del servicio hacia mi representada la llevaron, además, a desplegar conductas abiertamente abusivas, considerando su posición, ignorando e infringiendo las pautas legales para su cargo”, señala.
“De haber actuado con sujeción a ellas, no habría presionado injustamente a la demandante para obtener su renuncia, pues sus obligaciones como jefatura limitaban su actuación a pedir explicaciones por las imputaciones que se formulaban a mi representada, y a ordenarle formular descargos públicos”, complementa el documento.
Por todo lo anterior, pide una compensación económica de trescientos ochenta millones de pesos ($387.733.776). CHH
