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El presidente de Brasil, Michel Temer, sufrió este jueves otro duro golpe, cuando el instructor de un juicio sobre las elecciones de 2014 afirmara que la victoria de la fórmula que compartió con Dilma Rousseff fue financiada por la corrupción.
Frente a esa “constatación”, el magistrado Herman Benjamin dio a entender que sugerirá al Tribunal Superior Electoral la anulación del triunfo que Rousseff y Temer obtuvieron en las urnas hace tres años, lo que tendría como consecuencia directa la destitución del gobernante.
Benjamin no concluyó su voto, que quedó pendiente para mañana (hoy), pero dejó claro que cuenta con “pruebas robustas” de que la campaña de Rousseff y Temer se valió de “abusos económicos y políticos”, lo cual aseguró que está avalado por numerosos documentos y testimonios recogidos durante la fase de instrucción.
Muchos de esos documentos se apoyan en testimonios de exdirectivos del grupo Odebrecht, que han confesado que financiaron ilegalmente a Rousseff y Temer, pero cuatro de los siete miembros del Tribunal Superior Electoral anunciaron que no tendrán en cuenta esa declaración, pues consideran que carece de valor probatorio.
En los testimonios que prestaron a la justicia, los exdirectivos de Odebrecht dijeron haber entregado al menos 150 millones de reales (hoy 45 millones de dólares) a la campaña de Rousseff y Temer y que al menos la tercera parte correspondió al pago de sobornos.
El problema radica en que esa confesión ocurrió casi dos años después de la instauración del juicio electoral, por lo que para la mayoría de los magistrados su utilización violaría el derecho a la amplia defensa, pues la acusación inicial no citaba a Odebrecht.
El instructor, sin embargo, insistió en que el papel de ese grupo fue “fundamental” en la cadena de irregularidades que dice haber detectado en la campaña de Rousseff y Temer y que tenía relación con la trama corrupta en Petrobras, mencionada en la acusación que dio base al proceso.
Si hubiese una sentencia condenatoria en este caso, Temer podría permanecer en el poder hasta que sean juzgadas todas las apelaciones previstas en la ley, que comienzan en la corte electoral y acaban en el Tribunal Supremo, que daría la última palabra tras un engorroso proceso.
En caso de que todas las apelaciones sean rechazadas, perdería el cargo y el Congreso debería elegir a su sucesor en un plazo de 30 días, mediante una elección parlamentaria indirecta.
