Un informe de las Naciones Unidas propone un “bono contra el hambre” además, de un ingreso mínimo de emergencia, para evitar que la crisis sanitaria del Covid-19 se convierta en una crisis alimentaria, que haga retroceder a la región 20 años de desarrollo, y empuje a millones de personas al hambre y la pobreza.
El documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización CEPAL, para la Alimentación y la Agricultura, FAO, apunta a que América Latina necesita medidas urgentes para evitar que la actual crisis se transforme en una crisis alimentaria.
Con la mayor caída del PIB regional en un siglo, estimada en un -5.3%, aproximadamente 16 millones de latinoamericanos caerán en la pobreza extrema hasta un total de 83,4 millones de personas, lo que hará que muchos de ellos tengan dificultades para acceder a comida.
La secretaria ejecutiva de la Comisión, Alicia Bárcena, explicó que los efectos de la crisis ya son visibles en los sistemas alimentarios. La vulnerabilidad de los trabajadores creció y los precios de los alimentos están subiendo, según el Índice de precios al consumidor.
Además, debido al aumento del desempleo y la caída en los ingresos, millones de personas no pueden comprar suficientes alimentos, y muchas otras están teniendo que optar por alimentos más baratos y de menor calidad nutricional.
“Vemos que hay un aumento en la posibilidad de una crisis alimentaria. Nuestra región acumula siete años de muy bajo crecimiento. A partir de 2014 ha aumentado la pobreza. Con esta crisis que será la más grande en la historia de la región, sin duda va a haber un aumento de la pobreza extrema y el hambre”, explicó Bárcenas.
Para la CEPAL y la FAO, la tarea es complementar un ingreso básico de emergencia con un bono contra el hambre.
Según el informe, este bono podría materializarse en la forma de transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos a toda la población en situación de pobreza extrema por un período de seis meses, equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional, que se sitúa en el valor de 47 dólares del año 2010.
Su costo equivaldría al 0,06% del PIB regional, si se entrega únicamente a la población en pobreza extrema mayor de 65 años, o al 0,45% del PIB si se da cobertura a toda la población en pobreza extrema. La CEPAL y la FAO recomiendan la segunda opción, lo que tendría un costo estimado de 23.500 millones de dólares.
Además, proponen un incremento de al menos un 20% de la cartera promedio de créditos de los últimos tres años, que sumaría alrededor de 5500 millones de dólares, para los productores del sistema alimentario. Adicionalmente, para las unidades agrícolas familiares más rezagadas, los expertos dicen que se necesita un kit básico de inversión de 250 dólares con un costo de 1700 millones de dólares en la escala regional.
El informe también propone, reforzar los programas de alimentación escolar, apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil, apoyo financiero, a través de créditos y subsidios productivos para las empresas agropecuarias, orientado principalmente a la agricultura familiar, impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan sus operaciones, continuar con las políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, entre otras medidas en favor de los más vulnerables. CHH
