Esta semana el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto para una nueva Ley de Migraciones, iniciativa que contempla la prohibición de ingreso al país a personas condenadas por violación a los derechos humanos.
Con esto, personas vinculadas a delitos como genocidio, crímenes contra la humanidad, de guerra, de agresión, tortura, desaparición forzosa y ejecuciones extrajudiciales, así como todas aquellas «de similares características», no podrán entrar al país.
La norma fue valorada por Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), quien subrayó que «un criminal de lesa humanidad no debería transitar libremente en ninguna parte del mundo».
Sin embargo, acusó «doble estándar de la autoridad», pues aseguró que en Chile «hay responsables de hechos similares que circulan libremente sin sanción penal».
El diputado UDI Jorge Ulloa también se mostró a favor de este impedimento, destacando que en Chile «estamos en una sociedad que tiene delimitados los márgenes en cuanto a Derechos Humanos».
Otro cambio que incluye la ley es la creación del permiso de visitante que permite a los extranjeros poder trabajar por un año, con posibilidad de extender el plazo, ya que en la actualidad sólo se autorizaba trabajar a quienes tengan la residencia.
Con esto, el proyecto no sólo niega el trabajo a todo turista, sino que además modifica las sanciones para quienes sean sorprendidos en ilegalidad.
El permiso de visitantes podrá ser solicitado en un país extranjero, vía consulado, en el paso fronterizo o ya en Chile en la Departamento de Extranjería y Migración (DEM).
