Durante la última semana, Brasil se ha visto fuertemente dividido por las opiniones que surgieron ante el caso de una niña de 10 años que, producto de una violación, interrumpió un embarazo de 22 semanas. Es prudente destacar que en dicho país el aborto es legal bajo tres causales -violación, riesgo de la madre y feto anencefálico-, pero aun así genera gran rechazo por parte de la población, la que es mayoritariamente religiosa.
La menor había sido víctima de abuso sexual por parte de un familiar desde que tenía seis años y, al enterarse de su embarazo, fue acompañada al hospital más cercano, ubicado en Vitoria -una ciudad del sudeste brasilero- en donde los médicos se negaron a hacer la intervención.
Ante esto, el juez del Tribunal de Justicia de Espírito Santo, Antonio Moreira, afirmó que «la voluntad de la niña es soberana» y que «incluso gestaciones más avanzadas pueden ser interrumpidas», por lo que se autorizó la intervención. Así, la menor tuvo que recorrer más de 1.800 kilómetros para llegar a un hospital en Recife, al noreste del país, en donde el domingo pudo realizarse el procedimiento.
A raíz del caso, fuertes protestas se desataron en las calles. Personas «pro vidas», conservadoras y afines al gobierno actual cuestionaron que se hubiese realizado un aborto a un feto de casi cinco meses y medio e incluso llegaron hasta el hospital de Recife para increpar a los involucrados. Sin ir más lejos, el propio presidente, Jair Bolsonaro, se reunió con grupos religiosos y antiabortistas y alzó la imagen de Jesús con tal de demostrar su desaprobación a la situación. CHH
