El Gobierno está preparando todas las modificaciones para poder agregarlas en la Ley de Control de Armas, esto en medio de una serie de cambios para bajar la cantidad de armas que existen en la población civil. Por lo mismo el Ministerio del Interior comenzará una campaña pública para el desarme de la población civil.
También, entre otros temas, la iniciativa quiere modificar legalmente la prohibición del porte de armas a los funcionarios de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Orden (Carabineros y PDI) que se encuentren en retiro.
La Subsecretaría de Prevención del Delito indica que en 2021 se registraron 916 casos policiales por tenencia ilegal de armas o explosivos, 59 más que en 2020.
Según indicó el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, al medio La Tercera «La iniciativa se fundamenta en el principio de igualdad ante la ley y en la necesidad de reducir el stock de armas”, agregando que “no hay justificación para que, a diferencia del resto de los ciudadanos, puedan portar armas”.
Esta normativa, que aún no se ha enviado de manera formal, sería la primera presentada por el Gobierno para impulsar el desarme de la población civil.
La Ley actual otorga a ciertos funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden que se encuentren en retiro la facultad “para portar las armas de fuego que tengan debidamente inscritas a su nombre. Los escalafones que son considerados en la normativa son: Generales, Tenientes coroneles o equivalentes y Suboficiales mayores.
Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, los casos de detención por tenencia ilegal de armas o explosivos se cifraron de la siguiente manera durante el último gobierno: 2018: 884 casos, 2019: 834 casos, 2020: 857 casos, 2021: 916 casos.
Hay que recordar que esta Ley ha estado estancada por casi 15 años en el Congreso y todavía hay elementos pendientes que son de suma importancia para la seguridad social y el control de armas. Además de un reglamento que defina los parámetros de la ley para establecer las restricciones a la tenencia de armas. Además, a través de los planes anuales pueden ser fijados objetivos específicos para enfocar los esfuerzos de fiscalización, lo que podría entregar la posibilidad de incautar más”. El Ejecutivo tiene programado para esta semana presentar las nuevas iniciativas y cambios a la Ley. CHH
