Tras los últimos hechos de violencia registrados a las afueras de diferentes establecimientos educacionales del centro de Santiago, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, descartó avanzar en una «Ley Aula Segura 2.0».
Al igual que el mes pasado, la mañana de este martes, los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Juan Antonio Coloma, Álvaro Carter y Cristhian Moreira llegaron al Palacio de La Moneda para solicitar al Presidente Gabriel Boric que entregue prioridad a la “Ley de Aula Segura 2.0” para que ningún «overol blanco» pueda recibir beneficios estatales en la educación superior.
En conversación con Cooperativa, el ministro Ávila aseguró que «ni en forma ni en fondo nosotros hemos estado (como Gobierno) de acuerdo con la Ley Aula Segura, eso es súper importante de tener claro«, apuntando a la situación vivida en la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera.
Asimismo, recalcó que ante la violencia «no hay ninguna imposibilidad en los actuales manuales de convivencia, siempre y cuando estén señaladas las infracciones más graves, de que uno pudiese llegar a los mismos resultados: la expulsión o la cancelación de matrícula frente a un hecho grave«.
Respecto al caso del adolescente de 17 años que fue detenido por Carabineros en medio de los desmanes a las afueras del Instituto Nacional, el secretario de Estado señaló que «se puede llegar a su expulsión» y de ser así, al igual que en otros casos similares, «el Ministerio de Educación se encargará luego de hacer la reubicación del estudiante».
Por lo anterior, el ministro aseguró que es necesario «un debido procedimiento que resguarde el derecho a la educación» del estudiante sancionado, pero no es primordial la ley que promueven los congresistas de la UDI.
Sin embargo, el también profesor aclaró que no conoce en totalidad el proyecto “Ley Aula Segura 2.0”, pero recalcó la opción de «implementar las acciones que hoy en día son posibles con la actual normativa».
Finalmente, el ministro explicó que, si la propuesta lograse avanzar, podría ser que en “un par de años estemos demandados en la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) por conculcar un derecho. Podría pasar».
«Populismo penal aplicado al mundo escolar yo, derechamente, creo que no es la salida”, argumentó Ávila, agregando que “la salida tiene que ser la aplicación de los manuales de convivencia, que son las herramientas de normativa disponibles. Si los hechos ocurren fuera del establecimiento, y si está determinada la flagrancia, tendrán que hacerse cargo los estudiantes de esos actos delictivos». CHH
