Hay muchas familias que deciden instalar un sistema de alarma en sus hogares o locales comerciales, esto con el fin de prevenir robos, y en el caso de que ocurran, poder actuar a tiempo. Sin embargo, y aunque muchos confían en estos servicios, hay ocasiones en que estos no han funcionado, generando más de algún perjuicio en contra de los clientes.
Este es el caso de un cliente de la ciudad de Santiago, quien tenía contratado un sistema de alarma de la empresa Verisure, gracias a lo cual tenía su local monitoreado a toda hora.
No obstante, un día el lugar fue irrumpido por delincuentes, y ni la alarma ni los sensores perimetrales se activaron, razón por la que los antisociales pudieron extraer diversos artículos del local.
Tras esto, el cliente afectado interpuso una demanda en contra de la empresa contratada, la que fue acogida en fallo unánime por la Novena Sala del tribunal de alzada capitalino.
En el fallo se sostuvo que “la sentencia, para dar por acreditado el requisito de causalidad y arribar a lo conclusivo, se limitó a dar por establecido que la no activación de la alarma y sensores perimetrales, permitió que los delincuentes estuvieran un tiempo prolongado en el interior de la propiedad, sin haberse aportado antecedentes del hecho de haber llegado los malhechores en un lapso de 15 segundos al lugar en que se encontraba el Panel Central, cuya destrucción no habría permitido el envío de la señal a la Central de Verisure, desechando toda la prueba en contrario, lo que hace que la determinación de la causalidad sea arbitraria”.
Como se observa en el fallo, la alarma no se había encendido ya que los delincuentes habrían destruido el panel central del local, sin embargo, en la resolución se agrega que igualmente dentro de su contrato estaban los sensores perimetrales en el exterior del lugar, los que se deberían haber activado con la presencia de los sujetos.
De esta forma, se detalla que “entre lo contratado a la demandada estaba el servicio adicional de dos sensores perimetrales para el exterior del inmueble con sus correspondientes carteles disuasorios, que no estaban incluidos en el kit básico, sensores que no se activaron detectando la presencia de los delincuentes en el exterior del inmueble, antes de que ingresaran a él”.
En este sentido, señalan que “Verisure estaba en la obligación de activar los protocolos para evitar la ocurrencia del ilícito o bien aminorar sus efectos. Algo que en la práctica no ocurrió, razón por la que afirmaron que “en la ocasión el sistema en su conjunto no operó para los fines contratados”.
Esta conclusión obligó a la empresa Verisure a pagar $11.796.678 al cliente afectado, por “concepto de daño emergente a la empresa afectada”. CHH
