Este miércoles, la Contraloría General de la República determinó que el protocolo de objeción de conciencia que presentó el ministerio de Salud, no se ajusta a derecho.
Uno de los argumentos del organismo es que los establecimientos públicos de salud no podrían invocar objeción de conciencia, ya que es función del Estado dar garantías de un acceso a la salud libre e igualitario. Además señalaron que las entidades privadas que reciben aporte estatal sustituyen a los servicios de salud públicos, por lo que no pueden entrar en contradicciones con la normativa.
«Atendido que por aplicación del aludido decreto con fuerza de ley las instituciones privadas se encuentran impedidas de acogerse a la objeción de conciencia institucional, no puede una regulación de rango inferior contrariar dicho cuerpo normativo», dice el documento que se conoció durante esta tarde.
Cabe recordar que la resolución número 432, exenta, que emitió el ministerio de Salud generó gran polémica ya que a solo meses de ser aprobado el aborto en 3 causales, señalaba que las clínicas privadas podrían invocar la objeción de conciencia y no realizar los abortos, lo que según el escrito, dejaría sin efecto la resolución número 61, exenta.
A su vez el ministro de Salud, Emilio Santelices, fue duramente criticado, ya que después reconoció que no había informado directamente al Presidente Sebastián Piñera por dicha modificación.
El documento emanado desde la Contraloría, fue solicitado por un numeroso grupo de parlamentarios, quienes criticaron el actuar del secretario de Estado, por considerar que Santelices había incurrido en irregularidades, que afectaban el sentido de la nueva Ley de Aborto en Tres Causales y anulaba el reglamento, los cuales fueron aprobados durante el Gobierno de Michelle Bachelet, de hecho fue interpelado en el Congreso hace días atrás por esta situación. CHH
