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Durante la jornada de este martes la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mostró su preocupación debido a la deportación de un grupo de personas de nacionalidad venezolana que realizó el Gobierno bajo el argumento de migraciones irregulares.
Según expresaron en un comunicado, «varias (personas) fueron expulsadas a pesar de que su recurso de amparo estaba aún pendiente de resolución (…) y en algunos casos no se tuvo en consideración su situación humanitaria y vínculos familiares».
El documento, firmado por la Oficina para América del Sur de ACNUDH, la agencia de derechos humanos de la ONU; la oficina en Chile de ACNUR, la rama de refugiados; UNICEF, el fondo para la infancia, y la Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), solicita que se cumplan los tratados internacionales de derechos humanos, y destacaron que las personas «tienen derecho a una evaluación individual de su caso y del riesgo que implicaría la expulsión para su vida, libertad o integridad».
En línea con lo anterior, la iniciativa busca que el Gobierno diferencie los tipos de expulsión en estos contextos, argumentando que «la combinación de perfiles puede producir un aumento en las manifestaciones de xenofobia» al «asociar a las personas expulsadas con la comisión de delitos». CHH
